El sector crecerá más que la economía en su conjunto, pero menos que en años pasados, debido a una contracción en la demanda internacional y nacional de productos alimentarios por una recesión global como consecuencia del Coronavirus o Covid-19, que se ha esparcido a 171 países, entre ellos Estados Unidos, el principal mercado de las exportaciones mexicanas; y el desplome de los precios del petróleo. Los productores mexicanos deberán tomar medidas que mitiguen los riesgos financieros, operativos y sanitarios.

El panorama para el sector agroalimentario, uno de los motores económicos de México, luce complejo y adverso en 2020. Si bien se espera que siga creciendo a un ritmo mayor que la economía en su conjunto, será menor que los años anteriores, debido a una contracción en la demanda internacional y nacional de productos agroalimentarios por la recesión global como consecuencia del Coronavirus o Covid-19, que surgió en noviembre del año pasado en China y que se ha esparcido a 171 países (hasta el 20 de marzo), entre ellos Estados Unidos, el principal mercado de las exportaciones mexicanas; así como por el colapso de los precios del petróleo.

Y es que esta crisis ha generado un incremento en la volatilidad de los mercados financieros y ha aumentado el estrés de crédito, según S&P Global, que en marzo pasado estimó que el PIB mundial crecerá entre 1 y 1.5% durante este año. 

Pero eso no es todo: los productores mexicanos del campo también tendrán que enfrentar retos derivados de la falta de bienes públicos que el Gobierno Federal está dejando de brindar, entre ellos: información del sector agroalimentario; seguridad e innocuidad alimentaria; defensa de los intereses comerciales internacionales; inteligencia de negocios y apertura de nuevos mercados; y esquemas de ordenamiento e instrumentos que den certidumbre al ingreso y la comercialización.

A esto habrá que sumar los recortes presupuestales al sector, ya que el gasto programable se enfoca en funciones de desarrollo social, desarrollo económico y actividades del gobierno. El presupuesto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) 2020 tuvo un decremento de 12,200 millones de pesos (mdp) contra el aprobado en 2019. Las secretarías que tuvieron recortes dentro del PEC fueron la de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) por 17,858 mdp; Desarrollo Agrario y Territorial por 6,133 mdp; Entidades no Sectorizadas por 2,182 mdp; Economía por 967 mdp; de Medio Ambiente y Recursos Naturales por 965 mdp; y Trabajo y Previsión Social por 35 mdp. En cambio, las Secretarías de Bienestar, Salud y Hacienda y Crédito Público tuvieron un incremento global por 12,276 mdp.

“El cambio en la trayectoria de las políticas públicas no significa una crisis para el sector en el corto plazo, pero sí una erosión de lo fundamental de la economía del sector agroindustrial que, de continuar, puede generar efectos no deseados, como: pérdida del estatus fitozoosanitario; desarticulación de la cadena de suministro de grano; contracción del crédito al sector; disminución de la inversión de capital; retraso en la adopción de nuevas tecnologías, entre otros”, explica Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA). 

Y es que, subraya, se han elimiando programas que daban certidumbre al campo para incrementar la producción, el financiamiento y la comercialización. “Esto debe cambiar; de no hacerlo corremos el riesgo de perder los logros alcanzados y registrar un aumento en las importaciones”.

Y, por último, el cambio climático, cuyos efectos se empezarán a sentir en 2020. Se estima que México producirá 275.3 millones de toneladas métricas ™ de productos agroalimentarios, lo que representará una reducción del 2.5% por dicha causa, pese a haber registrado una cifra récord en dicho sector durante 2019, con 285.5 millones de tm.