Plaguicidas ilegales: envenenan al campo mexicano

Plaguicidas ilegales: envenenan al campo mexicano

El tema de los nutrientes y plaguicidas es una amenaza latente frente a la crisis agroalimentaria provocada por el Covid-19, fenómeno que cada vez estará más presente en las agendas nacionales.

Los plaguicidas ilegales en la agricultura mexicana y los riesgos para la salud y el medio ambiente no son atendidos por las autoridades regulatorias mexicanas. Las cifras son escalofriantes.

El tema fue tratado por el reporte de la OCDE sobre la regulación de los plaguicidas y por el Observatorio Nacional Ciudadano que en días pasados presentó su estudio: “Mercado de Plaguicidas Ilegales en México”.

Las cifras son contundentes por todo lo que implica que se utilicen productos piratas como plaguicidas, que no cumplen con las estrictas medidas de producción y certificación de las autoridades sanitarias (la Comisión Federal para la Prevención de los Riesgos Sanitarios).

El Observatorio calculó, basado en cifras de la Industria de Protección de Cultivos, que el valor de mercado de productos plaguicidas ilegales en México alcanzó los 210 millones de dólares el año pasado.

Los pequeños agricultores, en su afán de bajar costos de producción recurren a estos porque son entre 20 y 40% más baratos que los productos aprobados por el gobierno, pero son una trampa mortal para la salud del consumidor y para el medio ambiente.

El reporte del Observatorio Nacional reporta que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), que depende de la Sader, encontró en un estudio que “una de cada dos muestras analizadas de productos agrícolas contienen residuos de plaguicidas no autorizados por la Secretaría de Salud”.

El gobierno está rebasado por la cantidad de plaguicidas ilegales en el mercado y no ha emitido alertas sanitarias.

Entre el estudio de la OCDE y el reporte del Observatorio Ciudadano se hicieron 30 recomendaciones al gobierno para atender la problemática de los plaguicidas pirata, entre las que están la integración de una base de datos y un sistema de alertas para los anuncios y publicaciones que hacen en redes sociales, integrar una base nacional de aseguramientos, generar canales de denuncia anónima y de acción inmediata, mayor coordinación entre las dependencias oficiales para atender el problema (desde Aduanas, hasta la propia Cofepris).